GIFs en Parados y Paridas

Ruego 72 minutos de silencio en su memoria

-Ley Sinde- Ante la previsible aprobación dentro de unas horas de la polémica Ley Sinde, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet seguimos manifestando – como hicimos en el Manifiesto de 2 de diciembre de 2009 – nuestra firme oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet. En principio no parece de recibo que un Gobierno en funciones adopte esta decisión en su último o uno de sus últimos Consejos de Ministros. Sería doblemente grave que se confirmaran las presiones ejercidas por EEUU, a través de su embajada en Madrid, como revelaron los cables de Wikileaks.

En todo caso insistimos en estos razonamientos:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Pásalo. Publícalo.

Antonio Canales conocido anteriormente por su afición a hinchar a pulmón partes rígidas en la playa y porque le sudan las pelotas llenas de pelos ha protagonizado un nuevo delito, esta vez en Valladolid.

Antonio Canales, denunciado en el juzgado por insultos a agentes de la autoridad. El bailaor tuvo un accidentado paso por Valladolid el pasado fin de semana, cuando se desplazó hasta la ciudad como ayudante de dirección de la obra Cayetana, su pasión, que estuvo representándose en el Calderón el jueves y el sábado con Cecilia Gómez como protagonista.

El incidente se registró en la madrugada del viernes al sábado, minutos después de las 5.30 horas. Tal como pudo confirmar El Día de Valladolid en fuentes de la Policía Local, una patrulla se aproximó al hijo del artista, Antonio Canales Jr., para denunciarle por orinar en la vía pública. Al parecer, el joven se hallaba evacuando en la puerta de un garaje de la calle San Lorenzo (en la trasera del solar del antiguo cine Coca) cuando fue sorprendido por un policía, que le comunicó que le iba a denunciar por una infracción a la Ordenanza Antivandalismo y que la multa, tal y como establece esta normativa municipal, sería de 60 euros.

El problema grave surgió unos instantes después cuando apareció el padre, de 49 años, y comenzó a atacar verbalmente a los agentes, que se vieron obligados a solicitar el apoyo del Cuerpo Nacional de Policía. A medida que el incidente avanzaba, en las inmediaciones de la plaza de Poniente y de San Lorenzo se arremolinaba más y más gente -los testigos hablan de medio centenar-, convertidos en público del espectáculo en que se convirtió la intervención.

Los insultos. La larga retahíla de insultos que A.G.R. (Antonio Gómez de los Reyes, nombre real del artista y que es el que consta en el informe policial) profirió a los agentes actuantes aparecen reflejados en la denuncia que fue remitida ya al juzgado de guardia, según confirmaron estas mismas fuentes: «Vosotros no sois nadie», «hijos de puta», «soy una estrella internacional, bailo con una pierna mejor que vosotros, inútiles»… y, quizá, el más grave de todos los que la patrulla hizo constar en el citado documento policial: «Ojalá os mate la ETA».

Los agentes le identificaron, mientras un grupo de amigos (entre los que estaba un conocido torero) le calmaban y aplacaba los ánimos. La Policía Local le comunicó que tenían que denunciarle por insultos a agentes de la autoridad, comportamiento que, en Valladolid, se ha traducido más de una vez en la detención del autor.

Multa o prisión. En función de la consideración jurídica de los hechos que se haga en el juzgado dependerá que Canales se siente en un banquillo vallisoletano para responder por un delito (penas de prisión de dos a cuatro años) o por una simple falta (multa de 10 a 60 días).

Fuente: el día de Valladolid

El Rey sufre un “pequeño accidente doméstico” en su ojo izquierdo

¿Alguien se cree la historia de la puerta? Undangarín que tiene mejor ojo tampoco…